La red que ayuda los Inmigrantes
Dentro de la red que ayuda a los inmigrantes de NJ durante el esfuerzo de deportación masiva
Por Sophie Nieto-Munoz , New Jersey Monitor.-Traducción de Valesca Ricardo
Esta es la tercera entrega de una serie de tres partes que examina el esfuerzo de deportación masiva del presidente Donald Trump y su efecto en Nueva Jersey. Nueva Jersey se ha convertido en un campo de batalla clave en la lucha nacional en torno a los esfuerzos de detención y deportación masiva del presidente Donald Trump.
El Estado Jardín alberga dos centros de detención, incluido uno de los más grandes de la costa este, con un tercero propuesto en una bodega en Roxbury. Pero también alberga un mosaico de defensores, funcionarios y líderes religiosos que están buscando maneras de responder a una crisis sin un final claro.
No se trata de personas que corran el riesgo de ser deportadas ellas mismas, sino que viven las consecuencias de este momento de distintas maneras. Sus roles son diferentes —algunos tienen poder institucional, otros operan completamente al margen de él— pero todos están explorando nuevas formas de ayudar a los migrantes que viven bajo amenaza directa.
Jorge Torres, de la National Day Laborer Organizing Network (Red Nacional de Organización de Jornaleros), en una concentración y manifestación de Ice Out celebrada en Corte del condado de Monmouth, en Freehold, el viernes 27 de marzo de 2025. (Anne-Marie Caruso/New Jersey Monitor)
A los 16 años, Jorge Torres dejó Ecuador con su familia rumbo a EE. UU. para perseguir la promesa que ha atraído a inmigrantes hacia Estados Unidos durante generaciones.
Se quedó más tiempo del permitido por su visa, terminó trabajando en fábricas y restaurantes de comida rápida, y sobrevivió casi nueve años sin papeles legales. Su padre le dio instrucciones claras y simples: no le digas a nadie tu estatus, no hables español, y no hables con la policía.
Con el tiempo obtuvo la ciudadanía por matrimonio. Y ahora, a los 41 años, es un prolífico organizador comunitario en temas de inmigración en el centro de Nueva Jersey. Se estableció en Nueva Jersey a principios de la década de 1980, fundando lo que entonces se llamaba Unidad Latina en Acción Nueva Jersey, hoy conocida como Resistencia en Acción.
También es director de la National Day Laborer Organizing Network (Red Nacional de Organización de Jornaleros) y dirige una operación de respuesta rápida que ha crecido en respuesta al aumento de las redadas durante el segundo mandato de Trump.
El agotador trabajo siempre es personal para Torres.
“Yo sé lo que es vivir bajo esa presión, en carne propia”, dijo Torres en una entrevista en español. “Tengo familiares que todavía están indocumentados”.
Ha estado pidiendo la abolición de ICE desde que comenzó su movimiento, una postura que en su momento era radical incluso dentro de los círculos progresistas. Mientras otras organizaciones sin fines de lucro se enfocaban en logros de política pública como protecciones laborales, acceso a licencias de conducir y legislación contra el robo de salarios (políticas que él apoya), él se enfocaba en cerrar centros de detención y desfinanciar la aplicación de la ley migratoria.
Recuerda que lo trataban como “el raro del grupo”. Pero ya no se siente así; se siente reivindicado, y a la vez igual de indignado por cómo han resultado las cosas.
Desde 2025, Torres ha ayudado a construir la coalición ICE Out of New Jersey (ICE Fuera de Nueva Jersey), apoyándose en años de relaciones con otras organizaciones de base en todo el estado, incluyendo CATA, New Labor y Cosecha. La red de respuesta rápida se extiende desde el condado de Mercer hasta el condado de Essex.
Cuando se reporta una redada, el aviso llega a un chat grupal coordinado, la ubicación se verifica contra un mapa a nivel estatal, y se despachan al lugar voluntarios capacitados —de los cuales hay cientos—. Dijo que, con frecuencia, quienes responden llegan cuando ICE ya se ha ido, pero los voluntarios cumplen otros propósitos, como llevar un registro de lo que está pasando, conectar a las familias con ayuda legal, y confirmar que alguien en la comunidad está pendiente.
También ha desarrollado medios independientes en español, incluyendo su propio programa de radio, porque dijo que los medios tradicionales no estaban cuestionando lo suficiente el discurso de Trump.
“Solo el pueblo puede salvar al pueblo”, dijo. “Ningún político va a pensar en nosotros sin nosotros. Por eso sigo haciendo esto y buscando nuevas formas de llamar la atención sobre lo que está pasando”.
Kathy O’Leary, de Pax Christi, muestra el estado de una carpa de suministros que opera junto a Delaney Hall, el centro de detención de inmigrantes de Newark, el 1 de junio. (Foto de Anne-Marie Caruso/New Jersey Monitor)
Cada semana, cientos de personas se dirigen a Newark para hacer fila durante horas afuera de Delaney Hall, uno de los centros de detención migratoria más grandes de la costa este. Algunas hacen su primera parada en una mesa plegable cerca de la entrada, donde Kathy O’Leary reparte ropa donada.
Delaney Hall, que abrió sus puertas en mayo de 2025 y regularmente ha albergado a más de 1,000 detenidos en un momento dado, exige un estricto código de vestimenta. Jeans rotos, zapatos abiertos, camisetas estampadas, mallas (leggings): todas estas son razones por las que guardias inflexibles han rechazado a visitantes desesperados. Por eso O’Leary, quien ha hecho defensoría migratoria en Nueva Jersey durante casi dos décadas, mantiene a mano un suministro de camisas limpias y pantalones aprobados por los guardias para quien se presente.
Comenzó a hacerlo en junio pasado, después de que a una mujer que había manejado cuatro horas desde Boston para visitar a su padre detenido le negaran la entrada por usar jeans rotos. La visitante buscó a una voluntaria de talla parecida a la suya y se cambió de pantalón en el estacionamiento para poder entrar.
O’Leary dijo que sabe que el código de vestimenta no es una medida de seguridad, sino un mecanismo de desgaste.
“Entendimos que lograr que la gente entrara a ver a sus seres queridos era un acto de resistencia. El sistema está diseñado para que las personas adentro pierdan la esperanza, firmen formularios de salida voluntaria y abandonen el país”, dijo. “Recibir la visita de un ser querido les da la fuerza para seguir luchando”.
Delaney Hall se convirtió casi de inmediato en un punto álgido del debate sobre la aplicación de las leyes migratorias apenas abrió. Afuera se han realizado cientos de protestas. Políticos demócratas acuden regularmente ahí a dar conferencias de prensa, llamando la atención sobre pastores y dueños de restaurantes que han sido arrestados por ICE. El alcalde de Newark fue arrestado afuera de las puertas, lo que llevó a la acusación formal por delito grave de una congresista acusada de agredir a agentes durante el arresto.
La agitación escaló bruscamente a finales de mayo de este año, cuando 300 detenidos adentro dijeron haber iniciado una huelga de hambre y laboral de un mes de duración por condiciones pésimas: comida con moho, abuso por parte de los guardias y una grave falta de atención médica. Esto provocó protestas masivas afuera de las instalaciones, y enfrentamientos entre manifestantes y agentes de ICE armados con bastones y gas pimienta.
La Policía Estatal de Nueva Jersey tomó el mando de manera temporal de la zona antes de que la policía de Newark asumiera el control y Baraka impusiera un toque de queda nocturno; varios manifestantes fueron arrestados en los días siguientes. Esa agitación también afectó las filas de visitas en las que O’Leary pasa sus tardes trabajando. El toque de queda redujo las horas en que las familias podían esperar en fila para una visita y exigió que los detenidos presentaran una lista de visitantes aprobados, más obstáculos añadidos a un código de vestimenta que, según creen los defensores, está pensado para ahuyentar a los visitantes.
Aunque es escéptica sobre los políticos que usan Delaney Hall como telón de fondo para eventos de prensa, O’Leary ha estado ahí regularmente, unas cuatro o cinco veces por semana, desde que abrió la cárcel. Lleva un registro de los autobuses que dejan a los detenidos, y hace un conteo informal de los visitantes en la fila que serpentea alrededor del estacionamiento del frente, por donde pasan a toda velocidad camiones industriales en la avenida Doreamus. Las noches entre semana puede haber 200 visitantes, y los fines de semana ha contado más de 300, dijo. Señaló que las instalaciones han estado moviendo a los detenidos entre unidades y trasladando a otros en autobuses.
“Tenemos listas de personas que necesitan atención médica con urgencia. Hay personas que se bajan de los autobuses con muletas, personas ciegas, personas que se supone deberían estar recibiendo quimioterapia, personas que no deberían estar ahí bajo ninguna circunstancia”, dijo. “Usarlo solo como telón de fondo para una campaña política no ayuda a nadie más que a ellos mismos. Hay trabajo que hay que hacer”.
Aunque la aplicación de las leyes migratorias se ha intensificado bajo Trump, ella rechaza la idea de que la culpa sea solo suya. Comenzó este trabajo hace más de 20 años, estando embarazada, después de escuchar la historia de una mujer a quien se llevaron en una redada de su apartamento mientras amamantaba a su hijo menor, obligando a destetar al bebé. Esa madre pasó meses detenida antes de ser deportada.
Su labor de defensoría ha pasado de la legislación y las políticas públicas a ayudar a las personas que están dentro de la cárcel y presionar por liberaciones individuales, junto con llamados más amplios para cerrar los centros de detención migratoria en todo el país.
“Este sistema no lo construyó Trump. Se puede rastrear al menos hasta Clinton. Todos los demócratas se han alineado casi tan rápido como los republicanos para darle más dinero a ICE a lo largo de todos estos años”, afirmó.
Lamenta que las instalaciones no vayan a cerrar pronto. Planea volver la próxima semana, y la siguiente, con más ropa en las mesas plegables.
El fiscal del condado de Monmouth, Raymond S. Santiago, solo el segundo latino en ocupar ese cargo en el condado, habla durante una entrevista el 4 de marzo. (Foto cortesía de Thomas P. Costello/Asbury Park Press)
Los primeros recuerdos de Raymond Santiago son de grandes reuniones familiares. Comer lechón asado en las parrilladas, el aroma de los gandules y el pernil llenando el aire mientras los familiares se apiñaban en la casa de su infancia en Santurce, en las afueras de San Juan, Puerto Rico.
Vivió ahí hasta los 5 años, y eventualmente se mudó a Brooklyn con su padre, originario de Ponce, y su madre, de Nueva York. Dice que creció llevando consigo esas raíces. Años después, llevó a sus propios hijos a conocer la pequeña casa de su infancia, para asegurarse de que entendieran de dónde venía su familia.
No creció esperando convertirse en fiscal. Y no esperaba que el trabajo algún día lo obligara a considerar si su apellido lo convertiría en un blanco.
“Tener el apellido Santiago no me ayuda para nada”, dijo entre risas.
Dijo que ha considerado evitar viajar al extranjero, y ahora lleva su pasaporte con más frecuencia que antes.
Santiago es el fiscal del condado de Monmouth —solo el segundo latino en el estado en ocupar ese cargo en sus casi 200 años de historia—, nominado por el entonces gobernador Phil Murphy en 2022. Ha sido defensor público, abogado defensor penalista privado y, lo más relevante para este momento, abogado de inmigración. Conoce la diferencia entre una visa U y una visa T, y ha sido testigo de lo que ocurre cuando la autorización de trabajo de alguien vence porque su empleador tomó represalias.
Dijo que ese conocimiento se ha convertido en una fuerza motora de su gestión, a medida que la aplicación de las leyes migratorias del gobierno de Trump se ha intensificado en Nueva Jersey y en todo el país. Santiago afirma que el cambio más profundo que ha presenciado en el condado de Monmouth es el silencio.
Hay una creciente reticencia entre los residentes inmigrantes a presentarse como víctimas o testigos en casos penales, dijo. Y los criminales que desde hace tiempo se aprovechan de los migrantes, porque saben que sus víctimas temen a la policía, están sacando ventaja de ello. Quienes cometen abuso doméstico usan el estatus migratorio como arma.
Incluso personas que hace apenas dos años quizás confiaban en las autoridades locales se están retrayendo, señaló.
“No quiero que la gente sufra en silencio”, dijo. “¿Quién está sufriendo en silencio a quien no puedo ayudar porque no se anima a hablar?”.
Dice que parte de su papel como fiscal es construir confianza entre los residentes del condado de Monmouth y la policía local. Ha organizado eventos comunitarios para explicar que existen visas disponibles para víctimas de delitos que carecen de estatus legal, y cómo estas ofrecen una vía para permanecer en el país a cambio de cooperar con la policía.
Lanzó We Are Monmouth (Somos Monmouth), una iniciativa que reúne a líderes religiosos, activistas comunitarios y jefes de policía locales. Asiste a asambleas públicas sobre inmigración, y apoya reuniones de “conoce tus derechos” organizadas por defensores de inmigrantes. Ha vuelto a instruir a cada agencia policial del condado sobre la política estatal que en gran medida prohíbe la cooperación local con agentes federales de inmigración.
Una versión de esa directiva, emitida originalmente como una orden del fiscal general en 2018, se convirtió en ley firmada por la gobernadora demócrata Mikie Sherrill a principios de este año. Santiago había testificado a favor en la sede del gobierno estatal, subrayando la importancia de codificar esta política en ley. La ley prohíbe que los agentes locales pregunten sobre el estatus migratorio, participen en la aplicación civil de las leyes de inmigración, o detengan a personas en nombre de ICE en muchas circunstancias.
Para Santiago, dice que es tanto un escudo legal como una herramienta práctica. Se incomoda ante la sugerencia de que esto limita a las fuerzas del orden, como han alegado otros fiscales.
“La capacidad de las fuerzas del orden para hacer su trabajo de mantener seguras a las comunidades implica poder tener la confianza de la propia comunidad”, dijo. “Si eso se deteriora, será muy difícil para nosotros mantener seguras las calles”.
Dijo que le aterra el caos en torno a la inmigración que se ha desatado en todo el país, y la posibilidad de que llegue algún día al condado de Monmouth. Afirmó que se siente optimista respecto a una nueva administración en Trenton, y confía en que el marco legal del estado está sobre bases sólidas. Pero también es honesto y realista sobre el daño ya causado, comparando la erosión de la confianza con los años que tomó reconstruir las relaciones con las comunidades después del ajuste de cuentas racial de 2020.
“Lo que estamos viendo aquí es mucho más profundo en tan poco tiempo”, dijo Santiago. “Me preocupa de verdad cómo vamos a reparar el daño que se está causando”.
El pastor Pete Ahn en las oficinas de Metro Community Church en Englewood, el 3 de abril. (Foto de Anne-Marie Caruso/New Jersey Monitor)
El pastor Peter Ahn fundó Metro Community Church en Englewood hace 22 años sobre una premisa simple: las personas no deberían reunirse en torno a la fortaleza y el logro, sino en torno a la vulnerabilidad, la lucha y el dolor compartido.
Ahn señaló que la iglesia, cuya congregación es aproximadamente 75% asiática, atrae a personas que sienten que no encajan en ningún otro lugar. Y cuando el gobierno de Trump lanzó su ofensiva contra los inmigrantes, ese instinto de proteger a los vulnerables fue puesto a prueba.
Algunas familias latinas que asistían regularmente a Metro dejaron de presentarse los domingos, demasiado asustadas para salir de sus casas. Ahora, Ahn y su personal desarrollaron lo que él llama un “simulacro de ICE”, un protocolo sobre qué haría la congregación si agentes federales se presentaran durante un servicio.
Su personal incluye a un pastor guatemalteco que tiene una tarjeta de residencia (green card) y constantemente se despierta temiendo que ese sea el día en que lo deporten ilegalmente. Ahn quería llevarlo a un viaje misionero de conferencias a Argentina este otoño, y les preguntó a los abogados si era seguro. Dijeron que no: podría no lograr regresar a Estados Unidos.
“Ese es el clima en el que hemos estado viviendo”, dijo Ahn. “No es solo la comunidad indocumentada. También son personas que están aquí legalmente. Tienen miedo de viajar. Tienen miedo de no poder regresar con sus familias”.
Ahn es coreano-estadounidense, hijo de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en la década de 1970, cuando Corea del Sur era una de las naciones más pobres del mundo. Nació desnutrido, y cuando los médicos les dijeron a sus padres que el medicamento que necesitaba para sobrevivir no existía allá, se mudaron a Nueva York cuando él tenía 3 meses de edad. Más tarde se mudó al condado de Bergen, hogar de más de 100,000 coreanos.
Dijo que la historia de la inmigración de su propia familia no está tan lejos de las historias de los inmigrantes sentados en las bancas de su iglesia. Todos vinieron aquí a buscar seguridad y sueños, y eso impulsa su trabajo.
Pero Ahn reconoció que ese mensaje no siempre cala en todos los miembros de la congregación. Ha argumentado que acoger a los inmigrantes no es un acto político, sino espiritual, señalando historias bíblicas como la de José y María huyendo a Egipto cuando Jesús era un bebé. Ha reconocido que muchos miembros no lo ven de esa manera.
En el pasado, algunas personas han dejado su iglesia por estos sermones. Cuando se pronunció públicamente sobre el asesinato de Trayvon Martin hace más de una década, un feligrés le escribió una carta diciendo que había cometido un pecado desde el púlpito, y perdió donantes generosos. Pero Ahn dijo que no tuvo más opción que continuar, y que la congregación salió fortalecida de eso, porque las personas que se quedaron construyeron algo poderoso.
La mayoría de las congregaciones coreano-estadounidenses en el condado de Bergen guardan silencio sobre lo que les está pasando a sus vecinos inmigrantes, dijo, en parte porque no afecta directamente a su comunidad. Le parece decepcionante, e indefendible desde el punto de vista teológico.
“El evangelio se trata de combatir la injusticia”, dijo. “Hay un aspecto político en eso, y por alguna razón, muchas iglesias realmente creen en esta idea de la separación entre la iglesia y el estado, así que muchas iglesias guardan silencio al respecto. Es trágico”.
Ahn afirmó que todavía sigue aprendiendo lecciones. A principios de este año, una familia sin estatus legal dejó su congregación y regresó discretamente a su país de origen porque temían ser separados de sus hijos. Ahn se pregunta si la iglesia hizo lo suficiente para ayudarlos, y cree que la respuesta es no: se enfocó demasiado en administrar la iglesia.
“¿A quién le importa un presupuesto? Debimos haber hecho lo que fuera para apoyar a esa familia, incluso económicamente. Si eso significa que nuestra iglesia se endeude, creo que sería algo hermoso que hiciéramos”, dijo.
Ahora, Metro ha comenzado a pagar abogados de inmigración para los miembros de la congregación que no pueden costear representación legal, y ha ayudado a personas a completar solicitudes de asilo. Quiere hacer más, como ofrecer vivienda y apoyo legal más profundo. Quiere abrir las puertas de su casa a familias latinas para cenar, aunque no habla español.
“Estamos en un proceso. No somos excelentes en esto. Estamos creciendo”, dijo. “Y fallé, pero creo que ahora tengo una segunda oportunidad de hacerlo mejor”.
Esta nota se produjo como parte de la Iniciativa de Reportaje de Investigación NJ News Commons 2025 del Center for Cooperative Media de la Universidad Estatal de Montclair, con el apoyo de financiamiento de la Robert Wood Johnson Foundation.
Esta traducción fue proporcionada por Americano Newspaper, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por New Jersey Monitor, y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.
This translation was provided by Americano Newspaper, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University, and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by New Jersey Monitor, and is republished under a special content-sharing agreement through the NJ News Commons’ Spanish Translation News Service.