¡Una madre soltera casi pierde su hogar!
Ahora los residentes de NJ cuentan con una nueva protección contra el desalojo
Por Lia Opperan, NJ.com y NJ.com Express Desk
Alrededor de 291,000 residentes de Nueva Jersey, o aproximadamente el 3% de la población del estado, viven en viviendas subsidiadas supervisadas por más de 100 autoridades locales de vivienda. Un nuevo fallo del tribunal de apelaciones acaba de dar a los inquilinos en ese sistema una protección más fuerte contra el desalojo.
La División de Apelaciones emitió un fallo el 23 de julio que determinó que la Autoridad de Vivienda de Phillipsburg (Phillipsburg Housing Authority) no podía desalojar a la inquilina Zalayah Hunt, una madre soltera de un niño de 4 años, simplemente alegando que rompió un acuerdo de “libertad condicional”. Los jueces consideraron que tenía derecho a que un juez determinara si su conducta era lo suficientemente grave como para justificar la pérdida de su vivienda, en lugar de simplemente aceptar la afirmación de la autoridad de vivienda.
La decisión importa mucho más que el caso de Hunt. Ahora es un precedente vinculante, lo que significa que ninguna autoridad de vivienda pública de Nueva Jersey que utilice acuerdos similares a la probatoria puede tratar un acuerdo incumplido como un boleto automático para el desalojo.
Un juez todavía tiene que determinar primero que existe una “buena causa” —la misma protección que la Ley de Desalojos de Nueva Jersey (Anti-Eviction Act) ha garantizado desde hace mucho tiempo a los inquilinos— que según esta sentencia no puede ser objeto de renuncia mediante un acuerdo de conciliación, incluso si el inquilino tiene presente a un abogado.
“La contundente afirmación de la Sra. Hunt de que es inquilina, no una reclusa… (es) una observación conmovedora y perspicaz”, escribió el juez Ronald Susswein en nombre del panel. “Sobra decir que las viviendas públicas son hogares, no prisiones, donde el cumplimiento estricto de hasta las reglas más pequeñas envía un mensaje de disuasión general necesario para mantener el orden y la disciplina”.
Hunt ha vivido en las viviendas de PHA desde diciembre de 2021 y ha pagado el alquiler mínimo de $50 al mes bajo el programa “ingreso cero” subsidiado federalmente desde octubre de 2023, según los registros judiciales. El programa requiere que los inquilinos demuestren periódicamente su elegibilidad a través de entrevistas y documentación. Los registros judiciales muestran un patrón de años de citas no programadas o reprogramadas, lo que llevó a la PHA a presentar una queja por desalojo en septiembre de 2025.
En lugar de proceder a un juicio, las dos partes, ambas representadas por abogados en ese momento, llegaron a un acuerdo en noviembre de 2025, poniendo a Hunt en un período de prueba de seis meses donde tenía que asistir a cada reunión requerida o arriesgarse a ser desalojada. La PHA dice que ella rompió ese acuerdo cinco veces en los meses siguientes al faltar a reuniones o no explicar adecuadamente por qué necesitaba reprogramarlas.
Un juez de primera instancia ordenó su desalojo basándose únicamente en esa afirmación, sin que ninguna corte determinara que su conducta constituía una violación grave del contrato de arrendamiento. Hunt, que apeló el caso por su cuenta sin un abogado, se enfrentaba a la expulsión de su hogar el 30 de marzo antes de que la División de Apelaciones interviniera y ordenara de emergencia la suspensión temporal de la medida.
La corte de apelaciones identificó dos problemas distintos. Ningún juez había dictaminado que la conducta de Hunt constituyera una violación “sustancial”, el requisito legal que establece la ley estatal antes de que una persona pueda ser desalojada. Además, el propio abogado de la PHA admitió que esa cuestión nunca fue planeada durante el juicio.
Por otra parte, la corte concluyó que a Hunt se le negó indebidamente la oportunidad de corregir el problema. Un mes antes de su audiencia, informó a la PHA que estaba dispuesta a reunirse y presentar los documentos requeridos, pero la autoridad de vivienda se negó a reunirse con ella.
“Un acuerdo de conciliación, independientemente de cómo sea denominado, no puede ampliar la lista de motivos autorizados para un desalojo, ni debilitar ni sustituir los requisitos de causa justificada y de incumplimiento sustancial establecidos en la ley”, escribió Susswein.
El fallo significa que las autoridades de vivienda de todo el estado ya no podrán considerar el incumplimiento de un acuerdo de conciliación como una vía automática para proceder con un desalojo; primero, un juez deberá determinar que existen fundamentos legales para hacerlo. En cuanto a Hunt, su caso aún no ha terminado. El proceso regresará al tribunal de primera instancia, donde PHA todavía podrá intentar desalojarla, pero solo si logra demostrar ante un juez que existen fundamentos para ello.
Esta traducción fue proporcionada por New Jersey Hispano en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJ.com y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.
This translation was provided by New Jersey Hispano, in partnership with Montclair State University’s Center for Cooperative Media and is supported financially by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by NJ.com and is republished under a special content-sharing agreement through NJ News Commons’ Spanish Translation News Service.