Cómo ha cambiado el proyecto de ley para proteger a los migrantes de NJ desde que fue vetada por el exgobernador
Por Sophie Nieto Muñoz, New Jersey Monitor
Cuando los legisladores de Nueva Jersey presentaron un proyecto de ley en enero para fortalecer las protecciones de los inmigrantes y restringir cuándo la policía local puede colaborar con las autoridades federales de inmigración, sus partidarios lo celebraron como un paso necesario en un panorama político tenso.
Sin embargo, el proyecto de ley fue vetado por el exgobernador, lo que obligó a los legisladores a volver a la mesa de trabajo. Los demócratas presentaron un nuevo proyecto de ley, pero con algunos cambios sustanciales que enfurecieron a los defensores de los inmigrantes, quienes afirman que Nueva Jersey debe actuar para limitar las agresivas tácticas de deportación de la administración Trump.
“Hemos visto a esta administración intensificar, intensificar e intensificar. Seguirán haciéndolo, y si creen que esta versión del proyecto de ley debilitada va a ayudar a los inmigrantes de Nueva Jersey, se equivocan”, declaró Katy Sastre, de First Friends New Jersey and New York, a los legisladores el mes pasado, añadiendo que la nueva versión del proyecto de ley crea “enormes lagunas legales que ICE puede explotar”.
El proyecto de ley busca codificar la Directiva para Fortalecer la Confianza del Inmigrante de 2018, una orden del fiscal general del estado que restringe cuándo los agentes de policía locales y estatales pueden ayudar a los agentes federales de inmigración o compartir información sobre las personas bajo su custodia.
Los defensores de los inmigrantes llevan años pidiendo que estas protecciones se incorporen a la ley, advirtiendo que una futura administración podría rescindir la orden unilateralmente.
Una comparación de los dos proyectos de ley muestra cómo ha sido cambiada desde la versión de enero, vetada por el exgobernador Phil Murphy, hasta la versión de febrero, que sus partidarios esperan que llegue a la mesa de la gobernadora Mikie Sherrill en las próximas semanas.
Notificación de liberación
Los dos proyectos de ley difieren en la forma en que las fuerzas del orden de Nueva Jersey gestionan a los migrantes sujetos a una orden final de deportación. Esta es una orden judicial que determina que una persona debe abandonar el país, aunque no significa que la deportación sea inminente, a pesar de su nombre. Algunas personas bajo estas órdenes tienen visas para permanecer en EE. UU. o cuentan con otras protecciones legales, como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS). Más de un millón de personas sin estatus legal tienen órdenes finales de deportación, pero permanecen en el país.
El proyecto de ley de enero habría prohibido a las autoridades de Nueva Jersey notificar a los agentes de inmigración sobre la inminente liberación de un migrante bajo su custodia o retenerlo después de su fecha de liberación programada por petición de un agente de inmigración.
En el proyecto de ley más reciente, la policía podría notificar la pronta liberación de un migrante o mantenerlo bajo custodia si el detenido está sujeto a una orden final de deportación firmada por un juez federal.
Cargos vs. condena
La versión anterior de la legislación habría permitido a la policía alertar a los funcionarios federales sobre los delitos de un migrante solo si este había sido condenado por ciertos delitos violentos, graves o procesables (la lista de delitos elegibles es extensa, desde homicidio y violencia doméstica hasta daños a la propiedad y acoso).
Según el nuevo proyecto de ley, la policía podría notificar a las autoridades federales si un migrante ha sido acusado de esos delitos.
Intercambio de datos
El proyecto de ley de enero habría exigido que los agentes federales contaran con una orden judicial válida para obtener información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio, legal o ilegal, de cualquier inmigrante retenido por la policía local y estatal.
El proyecto de ley de febrero no exigiría que los agentes federales contaran con una orden judicial para obtener dicha información.
Recursos para el gobierno federal
Según el proyecto de ley de enero, los departamentos de policía no habrían podido dar acceso a las autoridades federales a ningún equipo, espacio de oficina, instalación, base de datos o propiedad de las fuerzas del orden estatales, del condado o locales que no estuviera disponible al público. También prohibía a las fuerzas del orden de Nueva Jersey compartir con las autoridades federales de inmigración los fondos que les fueran asignados.
Según el proyecto de ley de febrero, se eliminó la palabra “instalación” de la lista de lugares a los que las autoridades federales tendrían prohibido el acceso. Y se eliminó la mención sobre compartir los fondos asignados.
Los patrocinadores del proyecto de ley no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.
Sherrill, demócrata, no ha comentado directamente sobre el proyecto de ley. Durante su campaña para gobernadora el año pasado, expresó sus inquietudes sobre la codificación de la directiva, sugiriendo que podría exponer al estado a una nueva demanda legal. La directiva ha sido ratificada en tribunales en múltiples ocasiones, incluyendo el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos.
Murphy argumentó lo mismo al vetar el proyecto de ley, señalando que, al añadir disposiciones que no estaban incluidas en la directiva, podría no haber resistido el escrutinio judicial.
Esta traducción fue proporcionada por Reporte Hispano en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por New Jersey Monitor y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.
This translation was provided by Reporte Hispano, in partnership with Montclair State University’s Center for Cooperative Media and is supported financially by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by New Jersey Monitor and is republished under a special content-sharing agreement through NJ News Commons’ Spanish Translation News Service.