Miles pierden Cupones de alimentos de SNAP
Más estadounidenses pierden los beneficios de SNAP mientras el Congreso evalúa el futuro de los cupones de alimentos
Por Kevin Hardy, Stateline vía New Jersey Monitor
Decenas de miles de estadounidenses siguen perdiendo el acceso a la asistencia alimentaria cada mes, incluso mientras el Congreso debate la posibilidad de frenar los recortes importantes al programa federal de cupones de alimentos.
Nuevos datos del Departamento de Agricultura de EE. UU. muestran que más de 330,000 estadounidenses perdieron el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) entre mayo y junio, las últimas cifras disponibles.
Más de 5 millones de personas han perdido los cupones de alimentos desde la promulgación en julio pasado de la ley “One Big Beautiful Bill” (la ley Grande y Hermosa), que redujo los impuestos y los programas federales de protección social. La ley modificó las normas de elegibilidad para SNAP, eliminó ciertas exenciones de requisitos laborales y transfirió nuevos costos a los estados que administran el programa federal.
Un análisis del Food Research and Action Center (Centro de Investigación y Acción Alimentaria), una organización sin fines de lucro que lucha contra el hambre, muestra que la participación en SNAP ha disminuido desde la entrada en vigor de la nueva ley en todos los estados, excepto Alaska. Los líderes estatales de Alaska citaron condiciones geográficas y económicas únicas, incluyendo precios de los alimentos más altos y un alto desempleo estacional específico de Alaska.
En Arizona, la participación en el programa SNAP se redujo a más de la mitad desde julio de 2025, con aproximadamente 421,000 personas recibiendo asistencia en junio, según datos del centro. En Luisiana, la inscripción disminuyó en más de 173,000 personas, una reducción de alrededor del 22%. En Illinois, la participación se redujo en más de 368,000 personas, una disminución de aproximadamente el 20%.
Estas cifras se dan a conocer mientras activistas presionan al Congreso para que revierta los recortes al programa SNAP, los cuales, según afirman, exacerbarán el aumento de la situación de hambre en todo el país a medida que los precios de los alimentos continúan disparándose.
Si bien las organizaciones sin fines de lucro y muchos líderes políticos locales, estatales y federales han presionado para que se revoquen por completo dichos recortes, los republicanos que controlan el Congreso hasta el momento solo han aprobado un aplazamiento parcial de su impacto.
Durante meses, el Senado ha estado debatiendo los detalles del proyecto de ley agrícola, una importante legislación que financia el programa SNAP, los subsidios agrícolas y los programas de desarrollo rural. A principios de este mes, el Comité de Agricultura del Senado, liderado por los republicanos, aprobó, siguiendo las líneas partidistas, una propuesta de ley agrícola que retrasaría un año la inminente transferencia de costos del programa SNAP a los estados. Los demócratas habían presionado para una prórroga de dos años.
Dicha legislación espera ser debatida por el pleno del Senado antes de que expire la legislación actual el 30 de septiembre.
La ley de impuestos y gastos del año pasado exige que los estados cubran una mayor parte de los costos administrativos del SNAP, y a partir del otoño de 2027, los estados, por primera vez, financiarán algunos beneficios por sí mismos. La nueva ley penalizará a los estados según sus tasas de error en los pagos, un cálculo técnico del gobierno federal sobre los pagos en exceso y los pagos insuficientes del SNAP, no sobre el fraude. Este cambio podría costar a los estados miles de millones de dólares, lo que genera temores sobre el futuro del programa.
Si se aprueba la versión de la ley agrícola que avanzó este mes, los estados tendrían hasta octubre de 2028 para reducir sus tasas de error antes de que se les exija asumir parte de los costos.
Además de conseguir los fondos, es probable que los estados necesiten implementar nuevos procesos informáticos y presupuestarios. Históricamente, los beneficios del programa SNAP no constituían una partida presupuestaria para los estados, ya que los fondos federales se depositaban directamente en las tarjetas de beneficios de los beneficiarios, según explicó Lauren Kallins, directora legislativa sénior de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, a los legisladores en julio.
“Existen muchas dudas sobre cómo y cuándo se pagará la parte proporcional del costo”, afirmó Kallins. “¿Se pagará en tiempo real, al emitirse los beneficios? ¿Se conciliará posteriormente? No lo sabemos””
Los republicanos, incluido el senador estadounidense por Arkansas, John Boozman, quien preside el comité de agricultura, han argumentado que las tasas de error demuestran la necesidad de mejorar la administración estatal del programa.
Los grupos que defienden la lucha contra el hambre afirman que la demora de un año es insuficiente para proteger a los estados y a las personas que dependen del programa SNAP.
“Instamos a los senadores a que se pronuncien en contra de esta defectuosa Ley Agrícola y a que impidan que se someta a votación”, declaró Crystal FitzSimons, presidenta del Food Research and Action Center (Centro de Investigación y Acción Alimentaria), en un comunicado la semana pasada. “El Congreso debe utilizar cualquier otro mecanismo legislativo para revertir los recortes al programa SNAP y abordar la transferencia de costos a los estados, a fin de brindar asistencia significativa tanto a las familias como a los agricultores”.
Esta traducción fue proporcionada por Reporte Hispano en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por Stateline vía New Jersey Monitor y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.
This translation was provided by Reporte Hispano, in partnership with Montclair State University’s Center for Cooperative Media and is supported financially by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by Stateline vía New Jersey Monitor and is republished under a special content-sharing agreement through NJ News Commons’ Spanish Translation News Service.