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Recortes federales

Por Kevin Hardy, Stateline vía New Jersey Monitor

Los días de carne molida y muslos de pollo quedaron atrás en el Banco de Alimentos Ritenour Co-Care Food Pantry, a las afueras de San Luis. Esta organización sin fines de lucro ha sustituido estas proteínas básicas por pollo molido y salchichas, más económicas, debido al aumento del costo de los alimentos y la creciente demanda.

“Tenemos que adaptarnos, como todos los demás”, afirmó la directora ejecutiva, Angela Gabel, sobre el aumento de los precios de los alimentos.

El año pasado, Ritenour gastó alrededor de $120,000 en alimentos. El banco de alimentos presupuestó $180,000 para este año, aunque Gabel indicó que podría no ser suficiente.

Además, el número de personas que buscan alimentos ha aumentado: el banco de alimentos registró a siete familias nuevas una mañana reciente y esperaba sumar 15 más para el final del día. Gabel comentó que cada vez más personas viajan más lejos para visitar varios bancos de alimentos cada mes y abastecerse.

Las familias se enfrentan al aumento de los precios de los alimentos al mismo tiempo que muchas de las personas más vulnerables pierden el acceso al programa de asistencia alimentaria más grande del país, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Más de 4 millones de estadounidenses perdieron los beneficios de SNAP entre febrero de 2025 y febrero de este año, según análisis de los datos federales más recientes. Se espera que las cifras aumenten a medida que los estados reduzcan aún más las listas de beneficiarios, tal como lo exige la amplia ley de impuestos y gastos que el presidente Donald Trump firmó el verano pasado, conocida como la Grande y Hermosa Ley (“One Big Beautiful Bill”).

“Estoy absolutamente aterrorizada”, dijo Gabel. “Haremos todo lo posible, pero creo que nuestra función era complementar SNAP o ayudar en situaciones de emergencia. Simplemente no creo que podamos reemplazar al gobierno”.

Desde el otoño, los estados y condados que administran SNAP han estado notificando a los residentes que dependen de los cupones de alimentos que deben cumplir con nuevos requisitos laborales o perderán su asistencia alimentaria. La ley federal de impuestos y gastos eliminó las exenciones a los requisitos laborales para adultos mayores, personas sin hogar, veteranos y algunos residentes rurales, entre otros. Estos cambios ejercerán mayor presión sobre los estados, lo que probablemente derive en nuevos recortes de beneficios a medida que reevalúen la elegibilidad y comiencen a asumir mayores costos del programa. Las nuevas normas también sobrecargarán aún más el ya saturado sistema de distribución de alimentos.

Gina Plata-Nino, directora del programa SNAP en el Food Research & Action Center, una organización sin fines de lucro que trabaja para combatir el hambre, señaló que los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidades son quienes más dependen del programa. El Center on Budget and Policy Priorities, de tendencia progresista, estimó que el beneficio promedio por persona este año sería de $188 al mes, o $6.17 al día.

“Y la mayoría de ellos gana menos de $1,100 al mes”, afirmó. “Así que cuando se pierde el beneficio de SNAP, la situación se agrava considerablemente, ya que hay que elegir entre vivienda, comida y otras necesidades básicas”.

Aumenta la necesidad de alimentos

Los datos nacionales sobre el hambre son limitados desde que la administración Trump suspendió el informe anual sobre seguridad alimentaria en los hogares el año pasado. Sin embargo, otros indicadores señalan que cada vez más personas no tienen acceso a comidas regulares.

En mayo, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York constató un aumento “notable” de la inseguridad alimentaria en todo el país, con más personas en dificultades que durante el pico de la pandemia. Sus encuestas nacionales de octubre pasado y febrero de este año revelaron que más hogares recurrieron a sus ahorros, dependieron de donaciones de alimentos o tuvieron problemas para encontrar suficiente comida, o bien, sus hijos no recibieron comidas.

Los demócratas y los defensores de la lucha contra el hambre llevan meses instando al Congreso a que revoque los recortes al programa SNAP. Las negociaciones actuales para la reautorización de la ley agrícola federal, que incluye el SNAP, han puesto el tema en el centro del debate en el Congreso. La Cámara de Representantes aprobó una versión de dicha legislación que no revierte los recortes.

Los republicanos han minimizado el impacto de los cambios y defendido los recortes al SNAP, argumentando que buscan erradicar el fraude y el abuso.

El congresista Derrick Van Orden, republicano de Wisconsin, afirmó haber crecido en la más absoluta pobreza rural, criado por una madre soltera que dependía de cupones de alimentos, almuerzos subsidiados y queso del gobierno.

Sin embargo, a finales de abril, instó a apoyar la ley agrícola que consolida los recortes al programa de cupones de alimentos.

“Debemos reconocer que existe una enorme cantidad de fraude en el programa SNAP”, declaró en la Cámara de Representantes, “y queremos asegurarnos de que cada dólar destinado a un niño hambriento, un veterano o un adulto mayor les llegue a ellos”.

La semana pasada, 23 fiscales generales estatales escribieron a los líderes del Senado, quienes actualmente están considerando la ley agrícola, señalando que el Senado tiene la oportunidad de “rectificar y reafirmar el compromiso bipartidista de que ningún estadounidense debería pasar hambre por no poder costearse la comida”.

En Nebraska, donde la participación en el programa SNAP ha disminuido aproximadamente un 11%, los legisladores estatales propusieron este año una ley para solicitar al gobierno federal exenciones de algunas de las nuevas restricciones. Esos proyectos de ley, que no prosperaron, buscaban proteger los beneficios para veteranos, jóvenes que crecieron en hogares de acogida, personas sin hogar y refugiados.

Pero el problema exige una respuesta federal, afirmó Megan Hamann, organizadora comunitaria principal para el acceso a alimentos y nutrición en Nebraska Appleseed, una organización sin fines de lucro que lucha contra la pobreza y la discriminación.

“Mientras tanto, trabajaremos con soluciones parciales”, indicó Hamann. Describió “una verdadera crisis como resultado de la pérdida del apoyo y los programas federales que durante mucho tiempo ofrecieron estabilidad y consistencia en nuestro estado y en otros, y que ahora ya no existen”.

Añadió que conseguir alimentos se ha convertido en un desafío generalizado para muchos en Nebraska, ya que el precio de la vivienda, los servicios públicos y otras necesidades básicas reducen los presupuestos familiares.

“Hablo a diario con personas que me dicen: ‘Me preocupa el precio de los alimentos, me preocupa el precio de la gasolina, siento que todo, excepto mi salario, está subiendo'”, relató. 

Aunque generalmente se centra en la vivienda, la organización Restoring Dignity de Omaha ha lanzado un nuevo programa de asistencia alimentaria para ayudar a los refugiados que perdieron sus beneficios del programa SNAP a finales del año pasado.

“Gran parte de nuestro trabajo ahora gira en torno a la alimentación”, indicó la fundadora y directora ejecutiva, Hannah Vlach.

Las donaciones de la comunidad permiten a Restoring Dignity proporcionar tarjetas de regalo para supermercados a estos refugiados. Sin embargo, la organización, que suele atender a unos 5,000 refugiados al año, solo está ayudando a unos 200 de los más vulnerables.

“Ahora mismo nos centramos en las familias que sin duda serán desalojadas y quedarán en la calle si no reciben ayuda”, dijo, “y no tengo ni idea de cómo sobreviven las demás familias”.

Vlach enfatizó que el gobierno federal ha autorizado específicamente la llegada de los refugiados a los que sirve su organización, muchos de los cuales sirvieron con las tropas estadounidenses en Afganistán.

“Esto no puede convertirse en nuestra nueva normalidad; simplemente no puede ser”, sentenció. “Es poco ético, es inmoral”.

Los estados priorizan las necesidades

Raine Gibbons, residente de Virginia Occidental, comentó que ahora recurre más a alimentos básicos económicos como pasta y salsa, reduciendo la cantidad de carne y golosinas que compra.

Explicó que su familia de cinco miembros sufrió recientemente una reducción en los beneficios mensuales del programa SNAP, que ahora les proporciona poco más de $300 al mes.

Gibbons supervisa un programa de educación a domicilio para padres en uno de los Centros de Apoyo Familiar estatales, que ofrecen clases de crianza, artículos para bebés como pañales y ayuda alimentaria de emergencia.

Además de lidiar con precios más altos y la menor elegibilidad para el programa SNAP entre los beneficiarios, los residentes de Virginia Occidental que dependen de estos 57 centros financiados por el gobierno federal enfrentan un futuro incierto debido a problemas contractuales estatales sin resolver.

“Es realmente muy estresante”, dijo Gibbons. “Es muy difícil estar presente y ser el padre o la madre que uno quiere ser cuando uno se preocupa por las dificultades diarias para alimentar a su familia”.

Gibbons considera que el programa SNAP no es un lujo, sino un apoyo esencial para muchas familias.

“Es lo que realmente permite que familias como la mía —que trabajan fuera de casa y tienen un empleo a tiempo completo— puedan salir adelante, alimentar a sus familias y a sus bebés, y simplemente sobrevivir en esta situación económica”.

Los legisladores de California están intentando suplir parte de la carencia de fondos federales en su estado. El asambleísta demócrata Alex Lee impulsa una iniciativa para añadir $100 millones a un programa estatal que duplica el poder adquisitivo de SNAP al utilizarlo para comprar frutas y verduras frescas. Otra legislación pendiente solicitaría al gobierno federal una exención, lo que permitiría a California mantener la exención de los requisitos laborales para los jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal.

En California, casi un tercio de las familias con niños pequeños tuvieron dificultades para alimentar a sus hijos entre julio de 2024 y enero de 2026, según los resultados de una encuesta del Stanford University Center on Early Childhood (Centro de la Universidad de Stanford para la Primera Infancia).

“Los estados se ven obligados a priorizar las necesidades más importantes de las familias, cuando en realidad estas tienen necesidades que se consideran bastante básicas”, afirmó Abigail Stewart-Kahn, directora ejecutiva del centro. “Esto coloca a los estados en una posición insostenible al intentar decidir qué carencias cubrir y para quién”.

Stewart-Kahn señaló que muchas familias se enfrentan a decisiones inmediatas sobre qué facturas pagar y qué necesidades sacrificar, pero que el estrés parental y la angustia infantil tendrán consecuencias a largo plazo para la sociedad.

“Cada vez que implementamos un cambio de política que potencialmente aumenta el estrés en la vida de un niño, como sociedad estamos decidiendo que no nos importa perjudicar su desarrollo saludable, de modo que la próxima generación tendrá más dificultades en todo, desde el rendimiento académico hasta los problemas de salud mental”, concluyó.

Esta traducción fue proporcionada por Reporte Hispano en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por Stateline vía New Jersey Monitor y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by Reporte Hispano, in partnership with Montclair State University’s Center for Cooperative Media and is supported financially by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by Stateline vía New Jersey Monitor and is republished under a special content-sharing agreement through NJ News Commons’ Spanish Translation News Service.