Manejó un autobús escolar durante 21 años. Ahora perdió su autorización legal para trabajar
Inmigrante hondureña perdió su derecho a trabajar
Por Hannan Adely, NorthJersey.com
Durante 21 años, Maribel Urbina manejó un autobús escolar de 54 pasajeros.
Recorrió las calles de la ciudad de Nueva York y las carreteras suburbanas. Transportaba a los estudiantes desde y hacia la escuela Dwight-Englewood. Los llevaba a excursiones escolares, al teatro y al zoológico.
Amaba su trabajo, que le brindaba seguridad en su vida en Englewood, donde crió a sus cuatro hijos en su casa de dos habitaciones.
Sin embargo, el otoño pasado, perdió su estatus migratorio y con ello su capacidad para trabajar legalmente en Estados Unidos.
“Cada día me alegraba saber que tenía trabajo, que podía conducir”, dijo Urbina entre lágrimas. “Ahora me despierto y veo que no puedo hacerlo. Esto me entristece mucho”.
Urbina se encuentra entre un número creciente de inmigrantes que han perdido la autorización legal para trabajar a medida que la administración Trump desmantela o reduce los programas de inmigración y endurece las normas de autorización laboral.
Estos cambios, que incluyen permisos de trabajo de menor duración y nuevas restricciones de elegibilidad, han truncado abruptamente los medios de subsistencia, empujando a las familias hacia una crisis financiera. A medida que se intensifica la aplicación de la ley y las políticas cambian constantemente, los empleadores se muestran cada vez más reacios a contratar o mantener a trabajadores cuyo estatus migratorio podría verse afectado.
Los defensores de los inmigrantes afirman que estas políticas socavan las directrices federales de larga data destinadas a evitar que los inmigrantes se conviertan en una “carga pública”, es decir, que dependan principalmente del apoyo gubernamental, al privarlos de los medios para mantenerse. Las organizaciones sin fines de lucro que antes ayudaban a los recién llegados a adaptarse y establecerse ahora se esfuerzan por brindar ayuda de emergencia, ya que cada vez más familias tienen dificultades para cubrir sus gastos básicos.
“Estamos tratando de reunir fondos para ayudar a las personas, para que no se queden sin hogar. No hay otra alternativa”, señaló Courtney Madsen, directora de diseño y desarrollo de programas en Church World Service, una agencia líder en el reasentamiento de refugiados. “No nos centramos en la autosuficiencia. Intentamos asegurar que la gente sobreviva”.
Urbina, quien llegó a Estados Unidos desde Honduras, ha solicitado la residencia permanente. Mientras tanto, sus hijos adultos ayudan a su esposo a pagar la hipoteca.
“Siempre pagué mis impuestos a tiempo”, relató. “No creo haber hecho nada malo. Trabajaba duro para mantener a mi familia”.
En espera de trabajo
Urbina cuenta con el Estatus de Protección Temporal (TPS) desde 1999, una designación otorgada a personas cuyos países de origen enfrentan condiciones inseguras como guerra o desastres ambientales.
La administración Trump ha tomado medidas para poner fin al TPS para Honduras y otros 11 países, lo que afecta a aproximadamente 1.5 millones de personas que viven en Estados Unidos. También ha puesto fin a los programas de permiso humanitario para cerca de 1 millón de personas. Estos programas brindaban protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo a personas de países como Cuba, Ucrania y Afganistán, pero no ofrecían una vía hacia la residencia permanente o la ciudadanía.
Según declaró Joseph B. Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), las autoridades afirman estar frenando lo que denominan el uso excesivo de estos programas, como parte de una iniciativa más amplia para reforzar los controles migratorios debido a preocupaciones de seguridad y recursos.
“El USCIS ha adoptado un enfoque de ‘Estados Unidos Primero’, restableciendo el orden, la seguridad, la integridad y la rendición de cuentas en el sistema migratorio estadounidense, garantizando que sirva a los intereses de la nación y proteja y priorice a los estadounidenses sobre los extranjeros”, afirmó.
La agencia, dijo, puso fin a las políticas de la administración Biden que estaban “desmantelando, explotando y socavando el sistema migratorio estadounidense”.
Maribel Urbina, inmigrante hondureña, coloca sus manos sobre el chaleco que usaba como conductora de autobús escolar el martes 31 de marzo de 2026. Urbina, quien fue conductora de autobús escolar durante 21 años, perdió su Estatus de Protección Temporal y su autorización de trabajo cuando la administración Trump canceló el programa para los hondureños. Por motivos de privacidad, Urbina prefirió no publicar su rostro. Foto Julian Leshay Guadalupe/NorthJersey.com
El impacto total aún es incierto. Los tribunales están evaluando diversas impugnaciones legales y, en algunos casos, han revocado o suspendido las órdenes de la administración. Mientras tanto, las personas con protecciones superpuestas, como las solicitudes de asilo pendientes, han podido mantener su estatus legal y sus permisos de trabajo.
Para Urbina, el futuro es incierto. Ha solicitado la residencia permanente patrocinada por sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses. Normalmente, una persona puede obtener un permiso de trabajo mientras su solicitud está pendiente, pero su caso se ha estancado debido a una orden de deportación que, según ella, se emitió hace tres décadas.
“Quiero seguir contribuyendo y poder trabajar”, afirmó Urbina. “No pedía ayuda. No pedía ningún beneficio. Estaba manteniendo a mi familia y a mí misma”.
Otros cambios en las políticas han restringido aún más el acceso al trabajo.
En octubre, el Departamento de Seguridad Nacional canceló la renovación automática de los documentos de autorización de trabajo para ciertos grupos, incluidos los solicitantes de asilo, los refugiados y los solicitantes de la tarjeta de residencia. Ahora deben volver a solicitarlo, pero se enfrentan a retrasos en el procesamiento que, según defensores y abogados, están provocando interrupciones en el empleo y pérdidas de puestos de trabajo. El cambio, según el DHS, tenía como objetivo aumentar los controles de seguridad y verificación.
Dos meses después, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) redujo la validez de los permisos de trabajo de cinco años a 18 meses.
Una nueva norma federal emitida en febrero también prohíbe a los solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), destinado a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, renovar sus licencias de conducir comerciales. El Departamento de Transporte indicó que la norma, que afecta a aproximadamente 200,000 conductores de camiones y autobuses, se debe a motivos de seguridad.
Otra propuesta federal, publicada en febrero, limitaría drásticamente la capacidad de los solicitantes de asilo para trabajar en Estados Unidos si se aprueba.
El borrador de la normativa exige la suspensión de las nuevas solicitudes de permisos de asilo hasta que el tiempo de procesamiento se reduzca a 180 días o menos. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), alcanzar ese umbral podría tardar entre 14 y 173 años, a menos que se tomen medidas para acortar el plazo. Defensores de los inmigrantes y abogados afirman que esta medida impediría que muchos solicitantes de asilo trabajen legalmente mientras sus solicitudes están pendientes.
Adaptándose a los rápidos cambios
Funcionarios estadounidenses afirman que estos cambios son necesarios para fortalecer la verificación de antecedentes y la seguridad, y para eliminar el fraude. Afirman que algunas personas han presentado solicitudes de asilo y permisos humanitarios sin fundamento, lo que sobrecarga el sistema de inmigración.
Los defensores de los inmigrantes señalan que las nuevas políticas y restricciones perjudican a los migrantes que siguieron los procedimientos legales o que tienen solicitudes de asilo válidas y que ahora tienen dificultades para mantenerse a sí mismos y a sus familias.
Tanto empleadores como arrendadores y trabajadores se enfrentan a normas que cambian rápidamente, lo que crea un clima de incertidumbre que, según los defensores, está desalentando las contrataciones y provocando la pérdida de empleos.
Grandes empresas como Walmart y Amazon despidieron preventivamente a empleados con autorización de trabajo temporal, según Madsen. Los trabajadores sociales de Church World Service informan que sus clientes tienen dificultades para encontrar trabajo, a pesar de la escasez de mano de obra reportada en sectores como la hostelería y la salud.
“Aseguran que ahora es difícil contratar incluso a personas con autorización de trabajo válida porque los empleadores temen que algo cambie”, indicó Madsen. “Existe el temor de infringir las leyes de inmigración”.
Church World Service trabaja para informar a sus clientes sobre sus derechos como trabajadores y su elegibilidad para recibir beneficios, y para conectarlos con recursos comunitarios como bancos de alimentos. Madsen afirma que la inseguridad alimentaria es ahora una preocupación mucho más grave. Algunos se han mostrado reacios a solicitar Medicaid o asistencia alimentaria, incluso cuando cumplen con los requisitos, debido al temor y la confusión sobre las políticas federales, explicó.
“La necesidad supera con creces nuestra capacidad de recaudación de fondos”, indicó Madsen. “Eso es obvio, pero nos estamos enfocando en garantizar que las personas se encuentren seguras y que conozcan sus derechos y en la inseguridad alimentaria”.
Las nuevas políticas, añadió, parecen diseñadas para alentar a las personas a “autodeportarse” y envían un mensaje a los demás de que no son bienvenidos, opinó Madsen.
“Están tratando de dificultar las cosas para que la gente decida que no vale la pena quedarse aquí”, dijo. “Este es su hogar. Se sienten a gusto viviendo aquí. Quieren vivir aquí. Algunos clientes han intentado venir a Estados Unidos durante años para comenzar una nueva vida”.
‘No los queremos aquí’
Las consecuencias ya se están sintiendo en el ámbito de la vivienda.
Interfaith-RISE (Apoyo y Empoderamiento para Refugiados e Inmigrantes), con sede en Highland Park, que ayuda a refugiados, solicitantes de asilo y personas con permiso humanitario, ha visto cómo sus clientes han perdido sus empleos en residencias de ancianos, fábricas y comercios. Algunos ahora tienen dificultades para pagar el alquiler.
A través de su organización matriz, la Corporación de Vivienda Asequible de la Iglesia Reformada de Highland Park, la agencia alquila apartamentos a nuevos inmigrantes.
Seth Kaper-Dale, pastor de la Iglesia Reformada de Highland Park, conversa con Yvonne Mukayisenga, refugiada de la República Democrática del Congo. (Foto de archivo)
“Actualmente alquilamos 200 apartamentos a haitianos, afganos, congoleños, solicitantes de asilo y personas que no han tenido problemas para pagar el alquiler durante años”, reseñó el reverendo Seth Kaper-Dale, director ejecutivo de la corporación de vivienda y fundador de Interfaith-RISE.
Ahora algunos tienen tres o cuatro meses de alquiler atrasados”, señaló Kaper-Dale. “¿Por qué? Porque perdieron su trabajo debido a un problema con sus EAD (Documentos de Autorización de Empleo, por sus siglas en inglés)”.
Al dificultar el acceso al trabajo, el gobierno se aleja de su objetivo, consagrado en la política federal para las agencias de reasentamiento de refugiados, de lograr la autosuficiencia de los recién llegados, afirmó Kaper-Dale.
“En lugar de centrarnos en la autosuficiencia, ahora todo gira en torno a la autoprotección. Cualquier cosa con tal de ayudar a la gente a obtener un permiso de trabajo”, afirmó Kaper-Dale, destacando que la agencia amplió los servicios de asistencia legal para ayudar a las personas a solicitar el ajuste de su estatus. “Estamos enviando un mensaje totalmente diferente: que no los queremos aquí. Sin embargo, la gente tiene que sobrevivir”.
Aumento de la necesidad
Organizaciones sin fines de lucro, grupos comunitarios y religiosos afirman que la falta de permisos de trabajo es solo uno de los factores que incrementan la necesidad entre las comunidades inmigrantes a las que sirven. Las detenciones, el temor al arresto y la pérdida de beneficios públicos han agravado la crisis, dejando a las familias con dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentos, alquiler y atención médica.
“Les hemos quitado la posibilidad de trabajar y también hemos reducido su acceso a servicios, atención médica y educación”, señaló Itzel Hernández, organizadora de derechos de los inmigrantes de American Friends Service Committee (AFSC). “En la práctica, los estamos deshumanizando”.
El reverendo Bolívar Flores, vicepresidente de la Coalición de Pastores Latinos de Nueva Jersey, distribuye alimentos en Newark el 6 de marzo de 2026. Cortesía del reverendo Bolívar Flores
AFSC ha ampliado sus programas de información sobre derechos para que las personas “tengan la información necesaria para continuar con sus actividades diarias”.
Jennifer Gill, directora ejecutiva de One World One Love, con sede en Elizabeth, también ha presenciado de primera mano la presión que sufren las familias. Los beneficiarios de permisos humanitarios, los solicitantes de asilo y los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) han perdido su autorización de trabajo, afirmó. Los refugiados, que constituyen la mayoría de los clientes del grupo, aún conservan sus permisos de trabajo, añadió.
“Ha sido un momento realmente difícil para muchas familias e individuos que han perdido su autorización de trabajo o temen perderla”, señaló Gill. “Quieren ser productivos. Quieren contribuir. No quieren quedarse en casa sin hacer nada”.
One World One Love continúa ofreciendo tutorías de idiomas, capacitación en informática y orientación laboral, con la esperanza de “mantener el enfoque en un futuro positivo para que, cuando llegue el momento, estén preparados”.
Las agencias que ayudan a los inmigrantes afirman que dependen cada vez más de voluntarios y donaciones de la comunidad para satisfacer las crecientes necesidades, mientras que las instituciones religiosas también están aumentando su apoyo.
La Coalición de Pastores y Ministros Latinos de Nueva Jersey, que representa a 473 iglesias, lanzó una línea directa de ayuda para inmigrantes en enero. Cientos de personas han llamado buscando asistencia legal u otro tipo de apoyo, incluyendo personas que han perdido sus permisos de trabajo y otros indocumentados, dijo el reverendo Bolívar Flores, vicepresidente de la Coalición de Pastores y Ministros Latinos de Nueva Jersey.
El grupo de pastores distribuye 40,000 libras de alimentos al mes, agregó. Antes, las provisiones duraban una o dos semanas, pero ahora se agotan en uno o dos días.
“Vienen a la iglesia porque necesitan respuestas espirituales”, dijo Flores. “A veces, vienen porque necesitan comida, algo para comer, o porque tienen hijos. En este momento, estamos recaudando fondos para ayudar a las personas a pagar el alquiler y las facturas de servicios públicos. Personalmente, esto es desgarrador. Seguimos orando y tratando a nuestra comunidad con dignidad y respeto”.
En Englewood, Urbina comentó que se ha sentido deprimida por la pérdida de su trabajo y la incertidumbre sobre su caso migratorio. Tras más de tres décadas en el país, desea quedarse con su familia y volver a trabajar.
“Mi sueño es recuperar mi licencia y poder conducir de nuevo”, dijo, “ya sea con una extensión del TPS o con la tarjeta de residencia. Lo único que quiero es seguir contribuyendo y poder trabajar”.
Esta traducción fue proporcionada por Reporte Hispano en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NorthJersey.com y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.
This translation was provided by Reporte Hispano, in partnership with Montclair State University’s Center for Cooperative Media and is supported financially by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by NorthJersey.com and is republished under a special content-sharing agreement through NJ News Commons’ Spanish Translation News Service.